El Ayuntamiento de Mataró ha dado un paso decisivo en la lucha contra las ocupaciones ilegales de viviendas con la puesta en marcha de una Oficina de atención e intervención en las ocupaciones ilegales. Esta medida, fruto de un acuerdo político entre el gobierno del PSC y el grupo municipal del Partido Popular, responde a la creciente demanda de una respuesta coordinada y efectiva ante un problema que afecta directamente a la convivencia ciudadana y la seguridad en Various barrios de la ciudad. La nueva oficina, que comenzará a funcionar el 28 de junio, representa un cambio de estrategia, pasando de una actuación fragmentada a una respuesta transversal y planificada.
Una respuesta transversal y coordinada desde los servicios municipales
El objetivo principal de esta oficina, según ha explicado el alcalde, David Bote, es «coordinar las distintas acciones municipales para abortar las ocupaciones delincuenciales». Hasta ahora, la actuación ante estos hechos dependía de la coordinación entre diferentes áreas del consistorio, lo que a veces llevaba a respuestas lentas o descoordinadas. La novedad de esta oficina es que centralizará la gestión, creando un espacio donde converjan todas las competencias municipales en la materia. Desde la Policía Local hasta Vivienda, pasando por Salud Pública, Convivencia y Civismo, Mediación, la Oficina de Apoyo a los Vecinos y Bienestar Social, todas las áreas trabajarán de forma conjunta.
La concejal de Vía Pública, Núria Moreno, ha destacado la importancia de este trabajo coordinado y transversal, que supone una novedad en la gestión municipal de este tipo de conflictos. La oficina, que será itinerante, rotará periódicamente entre tres puntos emblemáticos de la ciudad: el Espai Mataró Connecta en el barrio de Cerdanyola, la plaza de la Muralla en el barrio Centre y el Centre Cívic del barrio de Rocafonda. Esta decision de descentrar los servicios busca acercar la ayuda a los ciudadanos donde se produce el impacto de la conflictividad, facilitando el acceso a la asesoría. En estos puntos, los usuarios serán atendidos por especialistas designados por el Ilustre Colegio de Abogados de Mataró (ICAMAT), lo que garantiza un asesoramiento jurídico de calidad.
Datos positivos y un compromiso con la victimación
La creación de esta oficina no es una medida aislada, sino que se enmarca en una tendencia que, según los datos aportados por el consistorio, muestra resultados positivos. Durante los cinco primeros meses del año, las demandas por ocupaciones de viviendas en la capital del Maresme se han reducido un 20%, pasando de 92 a 72 casos. Además, las actuaciones de la Policía Local han disminuido un 38%, con 91 intervenciones frente a las 138 del mismo periodo del año anterior. En total, la acción policial ha abortado 400 tentativas de allanamiento, lo que indica una mayor eficacia en la prevención.
La oficina no solo estará orientada a las personas que sufren la ocupación directa de su vivienda, sino también a aquellas que se ven afectadas por la conflictividad que generan estas actividades. Recibirán una atención individualizada, con una especial atención a las personas vulnerables, y se les orientará sobre los pasos a seguir, desde la atención inicial hasta el inicio de la acción judicial, en la que podrán contratar asesoramiento jurídico externo. Núria Moreno, abogada de profesión, ha ensalzado la buena receptividad que ahora encuentra el Ayuntamiento en la judicatura, lo que permite diseñar una estrategia conjunta que «ponga el foco en defender la convivencia ciudadana». Mientras no se pueda acudir a la oficina, los afectados deben activar el protocolo llamando al 112 o a la Policía Local para que se movilice la Unidad de Convivencia y Civismo.
La presentación de esta medida no estuvo exenta de controversy. La rueda de prensa fue interrumpida por un grupo de activistas del Sindicat de l’Habitatge, que criticaron la falta de compromiso del gobierno local para luchar contra las mafias de las viviendas y la especulación urbanística. La portavoz del sindicato denunció, desde dentro de la sala, lo que considera complicidad del gobierno en los desahucios y la degradación del tejido urbano. Estas intervenciones pusieron de relieve el debate social más amplio en torno a la vivienda, un tema que va más allá de la simple lucha contra las ocupaciones ilegales y que connecta con otras realidades en la región, como la desallotjación de famílies en assentaments il·legals o los planes de habitatge assequible, como los 68 pisos de protecció oficial a la Ronda de Barceló.
La puesta en marcha de esta oficina itinerante supone un avance significativo en la gestión municipal de un problema complejo. Al centralizar la coordinación, descentrar la atención y contar con asesoramiento jurídico especializado, el Ayuntamiento de Mataró busca no solo reforzar la respuesta ante las ocupaciones, sino también restaurar la confianza en las instituciones entre los ciudadanos afectados. El éxito de la medida dependerá de su implantación efectiva y de la capacidad de los servicios municipales para actuar de manera rápida y coordinada, sentando las bases para una convivencia más segura en la ciudad. La apuesta por la transversalidad y la proximidad puede ser el primer paso hacia una estrategia más integral en materia de seguridad y convivencia urbana, un desafío que también requiere de inversiones en infraestructuras, como la pacificació de la N-2, y el impulso de una oferta industrial que contribuya al desarrollo económico sostenible de la comarca.
